Defensa antidrones: la nueva ley RKEG plantea interrogantes para las infraestructuras críticas

Con la Ley de Resiliencia de Entidades Críticas (RKEG), en vigor desde marzo, los operadores de infraestructuras críticas deben reforzar de forma considerable su resiliencia frente a crisis y ataques. Sin embargo, es precisamente en la defensa antidrones donde existe una considerable inseguridad jurídica. Así lo señala el abogado Bernhard Müller, especializado en derecho de defensa y seguridad, en una entrevista con el diario «Die Presse».

Se ven afectados once sectores, entre ellos energía, transporte, sanidad, infraestructura digital y espacio. En el futuro, las empresas deberán elaborar análisis de riesgos, aplicar planes de resiliencia y definir medidas de protección. Según Müller, muchos operadores están recibiendo actualmente sus notificaciones de clasificación del Ministerio del Interior.

El abogado se muestra especialmente crítico con la defensa antidrones. Las empresas pueden detectar y vigilar drones, pero: «Alguien tendría que reunir después esa información». En última instancia, solo el Estado podría asumir esa tarea.

Sigue sin estar claro hasta dónde pueden llegar las empresas en la defensa activa. «Es una zona gris jurídica», afirma Müller. Muchas cuestiones carecen todavía de requisitos legales claros. Su conclusión: «Se imponen obligaciones a las empresas afectadas sin que dispongan de suficiente seguridad jurídica».

Por ello, Müller reclama directrices claras y un reparto inequívoco de tareas entre el Estado y la industria. Las empresas deben reforzar su resiliencia, «pero el Estado debe proporcionar el marco de protección técnico y jurídico». Especialmente en el caso de ataques con drones, sabotajes o ciberataques, la prevención estatal de amenazas no debe privatizarse.